Sección: economia
Fecha: 24/12/08
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Las comisarias Kroes y Reding se escudan otra vez en la ' posición dominante ' de la operadora española, la misma razón por la que le impusieron una multa de 150 millones en junio de 2007.



B. Aguirre

Los apellidos Kroes y Reding han dejado casi de sonar a extranjero a fuerza de escucharlos. Neelie Kroes y Viviane Reding son comisarias europeas que se han integrado de tal forma en el actualidad española que no hay noticia sobre el sector de las telecomunicaciones en la que no tengan un hueco. En los últimos meses, la responsable es la fibra óptica, pequeñísimas carreteras por donde viajan los datos y la información a base de pulsos de luz.
 
Una vez generalizada la banda ancha en España —supera los 8,6 millones de accesos— las operadoras de telecomunicaciones se enfrentan ahora a la creación de las nuevas redes que deben soportar el ocio, trabajo, navegación por internet y los nuevos usos de las telecomunicaciones.
 
Con este objetivo los operadores ya están ensayando tecnologías que multiplicarán por entre cinco y diez veces la velocidad actual de conexión a internet y así poder ofrecer servicios como la televisión de alta definición o la videoconferencia. Y la fibra óptica será el soporte para esos 50 ó 100 megas que llegarán a cientos de miles de hogares y empresas.
 
/¿/Cuándo?  No está claro porque, de nuevo, dependerá mucho de las comisarias Kroes y Reding que han hecho frente común contra Telefónica: el ex monopolio, pero también la compañía que está a la cabeza de estas nuevas redes.
 
/¿/Por qué? La respuesta más común, a falta de otra y de pruebas, hace referencia a la histórica multa de 150 millones que el Ejecutivo comunitario impuso a Telefónica en junio de 2007. El motivo fue un abuso "muy grave" de posición dominante en el mercado español de internet de alta velocidad. Pero el Gobierno español y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que veía cómo sus resoluciones quedaban sin valor, decidieron presentar un recurso de anulación, una decisión que no sentó nada bien en Bruselas.
"Nos estaban esperando", asegura una fuente del sector. Y la oportunidad llegó el 10 de octubre cuando la CMT elevó a la Comisión Europea su propuesta de regulación sobre banda ancha y las redes de fibra.
 
En esa propuesta, el regulador español imponía a Telefónica la obligación de compartir sus infraestructuras de obra civil que construyó cuando era monopolio y que pueden suponer entre el 50% y 80% de la inversión para un nuevo operador.


Diferencias zonales
Sin embargo, y con el fin de incentivar la competencia en redes, propuso el principio de segmentación geográfica. Se trata de la distinción de zonas con diferentes presiones competitivas sobre el operador incumbente (o Telefónica), variando la regulación. "Igual que hizo Francia", añade la misma fuente.
 
Así en las zonas competitivas (existen al menos tres operadores con red propia) se reduce al mínimo el nivel de regulación a Telefónica, mientras que en las no competitivas, la española deberá ofrecer un servicio mayorista con precios regulados, pero sólo hasta velocidades de 30 Mbits/s. De esta forma, las obligaciones para garantizar que los operadores alternativos repliquen un servicio mayorista de acceso indirecto tenía como cota este límite.
 
Así las cosas, el pasado 1 de septiembre, la operadora española lanzó al mercado su primera oferta precomercial de servicios sobre fibra óptica. Y estaba previsto que la oferta se comercializase a partir del 31 de octubre en las grandes ciudades. Pero llegaron las pegas. A Kroes y Reding no les hizo mucha gracia que Telefónica tendiera su nueva red de fibra sin tener que dar acceso a los competidores en aquellas zonas declaradas con suficiente competencia. La primera manifestación en contra vino de Kroes, quien aprovechó el décimo aniversario de la liberalización del sector para dejar claro que no permitirá que Telefónica "vuelva a imponer su dominio en el acceso a internet gracias a la nueva red de fibra óptica". Pero con esta intervención europea se complicaba la guerra de posiciones en la que se encuentra sumido el mercado de la fibra óptica en España: Telefónica pide libertad regulatoria para alquielar su red de fibra, mientras sus competidores y Bruselas reclaman una regulación para evitar el monopolio.
De nuevo, las fuentes españolas consultadas consideran que la Comisión Europea niega con su conducta la realidad española y, al tiempo, se preguntan quién se beneficia. "Principalmente France Télécom", responden. La operadora gala también vive su particular guerra de la fibra en Francia, pero con diferencias. France Télécom es el dominante en su país, pero todos sus competidores son franceses.
 
"No hay compañías extranjeras así que el dinero que ahorre en nuestro país, usando las redes de Telefónica en vez de invirtiendo, lo puede utilizar para competir con Telefónica en Reino Unido y otras partes del mundo", denuncian.

Desincentivos
Pero la principal denuncia se basa en la teoría de que la obligación de los incumbentes a compartir sus nuevas redes con operadores alternativos frenará la inversión y más en época de crisis. Y es que, como aseguran los defensores de esta idea, la posesión de una red es lo que proporciona una ventaja competitiva.
 
De hecho, y a diferencia de la red eléctrica o de gas, se ha comprobado que hay mercado para más operadores, que pueden ofrece servicios distintos y no limitarse a precios diferentes. "Un ejemplo son las redes de cable que, apoyadas desde las cajas de ahorro, confirman que explotar una red propia genera negocio", aseguran.
 
Desde la propia Telefónica la postura es clara. "Han pasado 10 años de la desregulación del sector de las telecomunicaciones y ahora el mercado se plantea la necesidad de invertir en una nueva infraestructura", explicaba hace unos días el consejero delegado Julio Linares. Sin embargo, para algunos no es tan nueva, añadía el directivo, en referencia a las operadoras de cable. "Es difícil de entender que a ellos no se les obligue a abrir sus redes".
 
En cualquier caso, su petición se reduce a la existencia de un regulador. Hoy, su compromiso es invertir 1.000 millones, pero avisa: "Que no crean que por ser incumbentes invertiremos sí o sí".


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