El 1 de enero del 2007 Castilla y León dejará de ser oficialmente y por méritos propios región Objetivo 1 de la Unión Europea. En este grupo figuran los territorios comunitarios más desfavorecidos, a los que Bruselas intenta equiparar a la media con la inyección de sustanciosas cantidades de dinero. La salida de este ' club ' implica, por tanto, la pérdida de un porcentaje importante de las subvenciones. En concreto, la Junta calcula que la reducción alcanzará el 57,19% durante el periodo 2007-2013, puesto que de los 4.794 millones de euros que ha recibido la comunidad entre los ejercicios 2000 y 2006 se pasará a solo 2.052.
Ante este panorama, la Consejería de Economía y Empleo del Gobierno regional ya ha avisado de que planea reducir e incluso eliminar algunos incentivos a la creación de puestos de trabajo, de los que se beneficia fundamentalmente la patronal. Se trata de una mala noticia para las empresas, que se verá agravada por una normativa de la UE que entrará en vigor en Año Nuevo: desde ese día los fondos que les ayudan a sufragar sus inversiones serán mucho menores que hasta ahora.
Lo establecen así las Directrices Comunitarias de Ayudas de Estado (DAR) de finalidad regional para el periodo 2007-2013, que se publicaron en el Diario Oficial de la UE el pasado 4 de marzo. La aplicación de su contenido a Castilla y León se hará en dos fases, del 1 de enero del 2007 a diciembre del 2010, y desde entonces hasta la Nochevieja del ejercicio 2013.
El recorte más fuerte, por tanto, se producirá a lo largo de los tres últimos años. En la actualidad las grandes empresas de la región reciben del 35% al 40% del gasto que realizan. A partir del 2011 únicamente tendrán derecho a una subvención que oscilará entre el 10% y el 20% de la inversión, es decir, menos de la mitad que antes en siete de las nueve provincias. Las compañías radicadas en Burgos solo podrán optar al menor porcentaje, ya que allí el Producto Interior Bruto (PIB) supera la media comunitaria a 25 miembros. Como excepción, en Ávila y Salamanca podrá llegar al 20%, dado que limitan con autonomías (Extremadura y Castilla-Mancha) que, por seguir siendo Objetivo de Convergencia, garantizan incentivos mucho mayores; con ello se quiere evitar que las empresas se instalen justo en la frontera. En las seis provincias restantes alcanza el 15%.
Distintas fórmulas
Con las pymes sucede algo similar. En el caso de las medianas empresas, la horquilla que se aplicará hasta que acabe el 2006 oscila entre el 42,5% y el 47,5%, que en el 2013 habrá quedado reducida a una banda del 20% al 30%. Las compañías más pequeñas, por su parte, disfrutaban hasta el momento de aportaciones de entre el 50% y el 55% de la inversión, que las DAR 2007-2013 limitarán a entre el 30% y el 40%. Como en el caso anterior, las cuantías más elevadas se corresponden con las provincias de Ávila y Salamanca.
De acuerdo con las bases reguladoras, la forma de las ayudas es «variable». Se establece textualmente que «podrán consistir, por ejemplo, en subvenciones, préstamos a tipo reducido o bonificaciones de intereses, garantías estatales, la adquisición de participaciones o la obtención alternativa de capital en condiciones favorables, exenciones o reducciones fiscales o de las cotizaciones sociales u otros gastos obligatorios o el suministro de terrenos, de bienes o servicios a precios favorables».
Para garantizar que sirven al fin previsto, por otra parte, la Comisión Europea obliga a los países miembros a que comprueben que la inversión se mantiene en la región afectada «a lo largo de un mínimo de cinco años desde su finalización». Paralelamente, si las subvenciones se calculan en función de los costes salariales, «los puestos de trabajo deberán ocuparse en el plazo de tres años».